“Los elementos de juicio aportados revelan la utilización de un trato infantilizante y descalificador y, con especial gravedad, el empleo de expresiones que involucraron de forma directa la conducta suicida como reproche institucional “si le dicen que se suicide, pues no lo hace”, conducta que excede cualquier estándar admisible de comunicación en la función pública y constituye una flagrante afectación a los derechos a la dignidad humana, la salud mental y la integridad personal de la contratista”.
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Este es uno de los apartados de los fallos judiciales conocidos por EL TIEMPO, en los que dos juzgados ampararon los derechos de contratistas del Ministerio de Relaciones Exteriores que denunciaron graves casos de acoso laboral por parte de Laura Patricia García Mejía, mamá de María del Mar Pizarro, quien se desempeñaba como directora de Cooperación Internacional de la entidad.
Las alertas se encendieron luego de que, el pasado 30 de julio, la hoja de vida de García fuera publicada en la página de aspirantes de la Presidencia para ocupar el cargo de asesor grado 16, el nivel más alto dentro de esa categoría en la Cancillería.
Con base en las pruebas aportadas en la demanda: chats, audios y correos electrónicos, también en poder de este medio, el despacho ordenó apartar como jefe a García Mejía y solicitó que se designara un supervisor independiente, sin relación de subordinación con la funcionaria, y que fuera este quien asumiera el seguimiento de las obligaciones de las contratistas.
En una de las tutelas, la accionante sostuvo que fue vinculada mediante un contrato de prestación de servicios para “prestar apoyo técnico y estratégico de alto nivel”. Pero, según cuenta, terminó desempeñando funciones secretariales y logísticas de asuntos personales de la directora “bajo un esquema de disponibilidad permanente, incluso en noches y fines de semana, a través de WhatsApp“, se lee en la demanda.
Este diario tiene en su poder las pruebas que estudió un juzgado, en las que aparecen chats en los que la directora les pedía reservar habitaciones de hoteles y hasta priorizar trámites de visado.
Según el relato de la presunta víctima, esta dinámica en la que se le exigía estar siempre disponible y atender este tipo de funciones, ajenas a las tareas frente a las que firmó el contrato, derivó en “un patrón reiterado de gritos, descalificaciones y agresiones verbales que excedían una relación contractual ordinaria”.
También señaló que presentó 26 solicitudes para obtener lineamientos técnicos y criterios claros sobre la ejecución de su contrato, pero que nunca recibió respuestas de fondo. Por el contrario, dijo, esas peticiones fueron calificadas por la entidad como “actos de confrontación e irrespeto“.
La accionante también informó que acudió al Comité de Convivencia Laboral, pero este se declaró incompetente para adoptar medidas preventivas de fondo. Aseguró que la situación afectó gravemente su salud mental y puso en riesgo su mínimo vital por la supuesta demora del pago de sus honorarios.
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La Cancillería, por su parte, negó que se hubiera vulnerado el derecho al mínimo vital de la contratista. En su respuesta a la tutela aportó certificaciones del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería con las que aseguró que todos los honorarios causados entre enero y mayo de 2026 fueron reconocidos y pagados oportunamente, y sostuvo que el trámite de las cuentas no sufrió suspensiones distintas a las verificaciones ordinarias de cumplimiento.
Al analizar el caso, el despacho concluyó que la accionante “aportó suficientes elementos probatorios e indicios para demostrar que las condiciones en las que ejecutó el contrato se apartaron de lo inicialmente pactado“.
Además, advirtió la existencia de un “patrón sistemático de hostigamiento y maltrato institucional, compatible con una conducta de mobbing vertical descendente por parte de la directora accionada“.
En otra tutela, que también fue fallada a favor de la contratista, la presunta víctima relató un patrón de hechos similar. Según expuso, fue requerida de manera reiterada para realizar tareas que excedían el objeto de su contrato y que incluían asuntos personales, familiares, financieros, tributarios, logísticos y administrativos relacionados con la directora de la dependencia.
Entre esas labores, mencionó la gestión de reservas de viaje, trámites personales, coordinación de asuntos familiares, atención de servicios de internet y televisión, diligencias ante la Dian, procesos migratorios de terceros y hasta compras de carácter personal.
La contratista aseguró que esas instrucciones se impartían con carácter urgente, mediante órdenes verbales o mensajes informales, y que, en varias ocasiones, eran modificadas o incluso contradichas, lo que le generaba incertidumbre sobre sus responsabilidades y un temor permanente a ser objeto de llamados de atención.
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En la tutela, además, sostuvo que esa situación deterioró progresivamente su estado de salud. Señaló que entre el 24 y el 26 de enero de 2026 tuvo que acudir al servicio de urgencias por alteraciones en la presión arterial y síntomas asociados a altos niveles de estrés, y que el 10 de febrero informó de manera expresa episodios de ansiedad relacionados con su entorno laboral. Pese a ello, aseguró que continuó recibiendo comunicaciones, requerimientos e instrucciones urgentes, incluso sobre asuntos que, según dijo, no hacían parte de las funciones para las que había sido contratada.
La respuesta del viceministro Mauricio Jaramillo
EL TIEMPO habló con el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, jefe inmediato de Laura Patricia García Mejía, quien confirmó que varias contratistas le manifestaron inconformidades relacionadas con el trato que recibían por parte de la funcionaria.
Según explicó, una vez conoció esos señalamientos elaboró un informe y lo remitió a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que esa dependencia asumiera la investigación. “Ese es el protocolo“, aseguró.
Jaramillo agregó que también habló con García Mejía sobre los casos en los que era necesario su visto bueno para reubicar a algunas de las contratistas. “Se hicieron dos cosas: se les reubicó, de acuerdo con lo que solicitaron algunas de las víctimas, y se puso el caso en conocimiento de Control Interno Disciplinario“, afirmó.
Por su parte, García Mejía ha rechazado las acusaciones y asegurado que existe un intento de causar un daño reputacional en su contra.
Sara Valentina Quevedo Delgado y Juan Pablo Penagos
Redacción Justicia y Política
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