Colombia no cuenta hoy con un sistema nacional que permita enviar una alerta sísmica de manera simultánea a los celulares, la radio y la televisión cuando se detecta un terremoto. Una iniciativa presentada en el Congreso busca crear esa red y aprovechar los segundos que pueden transcurrir entre la detección de un sismo y la llegada de sus ondas más fuertes a determinadas zonas.
El proyecto, presentado este martes por la senadora del Nuevo Liberalismo María Lucía Villalba, propone crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) y establece que los operadores de telecomunicaciones integren sus redes para transmitir las alertas, independientemente del celular, operador móvil o plan de datos de los usuarios.
La propuesta se conoce en medio de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, que, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deja 123.789 familias afectadas, 304 fallecidos y 426 desaparecidos.
“Ninguna ley devuelve lo que se perdió el 10 de agosto, pero sí decide lo que pueda pasar la próxima vez”, escribió en un comunicado Villalba.
¿Cómo funcionaría el Sistema Nacional de Alerta Sísmica?
Villalba propone que el sistema integre la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) con las redes públicas y privadas de telecomunicaciones y los medios radiales y televisivos, con el objetivo de distribuir alertas masivas tempranas.
“El SGC será la entidad encargada de determinar cuándo debe activarse una alerta. Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tendrá a su cargo la coordinación de la gobernanza del sistema, la pedagogía y la respuesta comunitaria”, explicó en el texto.
Además, el proyecto de ley establece que todos los operadores móviles y de telecomunicaciones que presten servicios en Colombia deberán integrar sus redes al SNAST y contempla la “participación obligatoria de los operadores de radio y televisión”.
Villalba también prometió que con este sistema “el envío, la recepción y el despliegue de las alertas no tendrán ningún costo para los usuarios ni para el Estado”.
¿Qué se necesitaría para crear el sistema?
Según Villalba, la iniciativa requeriría un reglamento que defina, entre otros aspectos, “los estándares de interconexión entre el SGC y las redes móviles, los protocolos de interrupción automática de radio y televisión, los umbrales técnicos para activar las alertas, así como los cronogramas de adecuación tecnológica, pruebas piloto y simulacros nacionales”.
En su elaboración participarían el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el SGC, la UNGRD, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Inravisión, los operadores de telecomunicaciones, los concesionarios y los operadores privados de radio y televisión.
En Colombia ya existen herramientas tecnológicas capaces de detectar y alertar sobre sismos, como el sistema de alertas sísmicas de Android. Lo que plantea el proyecto de Villalba es crear un esquema nacional coordinado por el Estado.
Pero es solo un proyecto de ley, por lo que la propuesta apenas iniciará su trámite en el Congreso y deberá ser discutida y aprobada en cuatro debates antes de recibir la sanción presidencial.
Es importante mencionar que, en mayo de este año, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, preparación y gestión del riesgo frente a sismos y tsunamis en el Pacífico colombiano.
Actualmente, “cerca del 80 % de la población del país está expuesta a amenazas sísmicas altas e intermedias, lo que representa aproximadamente 45 millones de personas”, detalló la entidad.
El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, ocurrido aproximadamente a las 7:34 a. m., tuvo epicentro en el departamento del Chocó, en inmediaciones de San José del Palmar. El movimiento fue sentido ampliamente en el territorio nacional y generó afectaciones importantes, especialmente en Chocó y diferentes zonas del Eje Cafetero.
Una firma privada calculó que las pérdidas físicas directas en cinco departamentos se acercarían a los 30 billones de pesos, informó el lunes el presidente Abelardo De La Espriella.
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