El gobierno de Abelardo De La Espriella dio a conocer este martes el ‘libro de la verdad’ de la administración de Gustavo Petro, que es una serie de posibles irregularidades encontradas durante el empalme. En total son 80 hallazgos, de los cuales el propio Ejecutivo destacó 10 ante la gravedad para la administración pública.
El hallazgo más grave habría sido la baja gestión y ejecución de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Supuestamente solo se ejecutó el 4,3 por ciento del presupuesto para el cuatrienio Petro, cuando se habían destinado 15,3 billones de pesos. También se alertó sobre la falta de reintegro de 240.766 millones del escándalo de los carrotanques de La Guajira.
La segunda alerta fue por la baja gestión en la atención de La Guajira, que está amparada por una sentencia de la Corte Constitucional por el estado de cosas inconstitucional frente a la niñez wayúu. «Entre 2022 y julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos por 11,78 billones al amparo de la Sentencia T-302 sin resultados verificables para la niñez guajira», dice la denuncia presentada por la nueva administración.
Otro de los puntos en los que hizo mayor énfasis el gobierno de De La Espriella fue la cantidad de contratación por prestación de servicios. «Nóminas paralelas», de esta forma lo catalogó el primer mandatario, quien alertó por cerca de 900.000 contratos bajo esta modalidad. Supuestamente fueron cerca de 15 billones de pesos que quedan de pasivo por este «uso desmedido» de la figura.
La cuarta alerta se concentró en la expansión de los grupos armados en el país mientras que el Ejército «perdió capacidad de respuesta». En este punto se hizo énfasis en el déficit presupuestal de la Fuerza Pública, que ronda los 14 billones de pesos, lo cual incluso ha impedido que se haga mantenimiento a las aeronaves: «solo 8 de 19 helicópteros MI-17 están operativos».
El gobierno entrante también alertó por la falta de recursos para pagar el bono pensional del programa ‘Adulto Mayor’. Está desfinanciado y sus recursos se gastaron en su totalidad entre enero y julio. «Desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026», fue la alerta emitida, pues el gobierno Petro intentó ampliar el programa a una mayor población por el tema electoral, sin saber qué recursos iba a dejar para la continuación del programa durante la siguiente administración.
También se prendieron las alarmas por la contratación en el Fondo de Igualdad, que era una cuenta con la que el Ministerio de la Igualdad ejecutaba recursos sin tener que aplicar los procesos de contratación ordinarios. El Fonigualdad pagó 140.910 millones de pesos a una empresa de servicios temporales sin aportar mayores soportes.
«Los contratos con la empresa de servicios temporales carecen de soportes que acrediten que el personal contratado cumplió la finalidad del fondo, según se denuncia en el Congreso», dice el documento radicado por el nuevo gobierno ante los órganos de control.
La séptima alerta hecha por la administración de De La Espriella se basa en la entrega de tierras para la reforma agraria. Supuestamente, de la mayoría de la tierra entregada (351.463 hectáreas), solo 95.148 tienen todos los registros. Este tema genera polémica, pues implicaría que el gobierno Petro entregó tierras sin títulos, a pesar de que se destinó cerca de un billón de pesos para la compra de predios.
Otro de los ítems que hizo énfasis la administración De La Espriella fue la crisis de la empresa Air-e. Pasó de tener 2.22 billones de patrimonio en 2023 a tener un déficit de 377.662 millones en 2025. Sobre todo se hizo énfasis en los 2,5 billones de pesos en pérdidas acumuladas durante la actual administración.
La novena alerta presentada en el ‘libro de la verdad’ se enfoca en el detrimento por 548.000 millones de pesos del Fomag. Además de las falencias en el sistema de salud de los profesores, supuestamente hay demoras de hasta 7 años para el pago de pensiones.
La última de las alertas principales está enfocada en el déficit fiscal. En este punto, sobre todo, se hizo énfasis en que la deuda adquirida tiene las tasas más altas de la historia del país. “La Contraloría destapó el manejo de la deuda tras elevar del 50% al 100% el límite de adjudicación por emisor de TES”, indicó.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
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