El gremio de la vigilancia privada le presentó al Gobierno Nacional una batería de propuestas con las que busca tener una mayor participación en la estrategia de seguridad del país. El paquete contempla desde la construcción y operación de nuevas cárceles hasta un esquema conjunto con la Policía para reforzar los controles dentro y fuera de estadios, escenarios culturales y eventos masivos.
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La iniciativa fue planteada por la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (Confevip) para el periodo 2026-2030. El objetivo, según el documento, es aprovechar la capacidad tecnológica, operativa y territorial de las empresas del sector para complementar las labores de prevención y protección que están en cabeza del Estado.
“Estamos convencidos de que la seguridad requiere la participación coordinada de todos los sectores. La vigilancia privada tiene presencia en buena parte del territorio nacional y cuenta con tecnología, conocimiento y personal capacitado que pueden ponerse al servicio de estrategias de prevención y protección”, aseguró Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio.
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Uno de los puntos centrales apunta directamente al sistema penitenciario. Con base en la Ley 2197 de 2022, el gremio propone la construcción de 10 establecimientos carcelarios, cada uno con capacidad para 2.000 internos, lo que representaría la creación de 20.000 nuevos cupos.
Las cuentas preliminares incluidas en la propuesta estiman una inversión de 350.000 millones de pesos por cárcel, es decir, alrededor de 3,5 billones de pesos para los diez establecimientos. A esto se sumaría un costo anual de operación cercano a los 55.000 millones de pesos por cada centro penitenciario. La propuesta contempla la participación de empresas de seguridad privada en la construcción, administración y seguridad de los establecimientos.
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Tres anillos para estadios y eventos
Otro de los frentes está dirigido a la seguridad de eventos masivos y escenarios deportivos y culturales. Allí, el gremio plantea un modelo articulado entre la Policía Nacional y las compañías de vigilancia privada, dividido en tres anillos de seguridad.
En el primero, ubicado en el perímetro exterior, habría participación junto con la Policía para establecer un filtro de ingreso y controlar los accesos mediante equipos tecnológicos capaces de detectar armas y drogas. Una vez dentro del escenario entraría en funcionamiento un segundo anillo, a cargo de la seguridad privada, con labores preventivas y disuasivas y herramientas para identificar armas, elementos cortopunzantes, drogas y otros objetos que puedan representar un riesgo.
El tercer nivel tendría un componente principalmente tecnológico. La propuesta contempla instalar cámaras inteligentes, fijas y móviles, con reconocimiento facial en accesos, tribunas y otros puntos estratégicos. La intención sería detectar riñas, movimientos inusuales, desórdenes o concentraciones de personas que puedan anticipar situaciones de riesgo.
Cámaras, drones e inteligencia artificial
El plan va más allá de cárceles y estadios. Bajo el concepto de “ciudades seguras e inteligentes”, el gremio plantea ampliar el uso de cámaras inteligentes, sistemas de identificación de placas, biometría, drones y semáforos inteligentes para fortalecer el monitoreo del espacio público.
Uno de los cambios propuestos sería conectar, bajo las normas de protección de datos, los sistemas privados de videovigilancia con plataformas de atención de las autoridades, entre ellas la línea 123. A esto se sumaría la creación de un Centro de Análisis de Seguridad que utilizaría Big Data e Inteligencia Artificial para procesar información relacionada con posibles riesgos.
Los drones también tendrían un papel dentro de la protección de infraestructura estratégica y fronteras. La propuesta además plantea utilizar aeronaves no tripuladas y de ala fija, centros de monitoreo e imágenes en tiempo real, acompañados de sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento vehicular y herramientas biométricas, siempre que su implementación resulte legalmente procedente.
El quinto componente está enfocado en los jóvenes. La Confederación propone una estrategia de ciberseguridad público-privada para colegios y universidades que articule la protección física y digital frente a contenidos violentos, adictivos y sexuales que, según el gremio, pueden afectar a las nuevas generaciones. También plantea fortalecer la capacitación técnica del personal encargado de operar las nuevas herramientas tecnológicas.
Por ahora, se trata de propuestas del gremio y no de decisiones adoptadas por el Gobierno, por lo que Confevip manifestó su disposición a discutirlas con el Ejecutivo para someterlas a revisión y realizar los ajustes técnicos, jurídicos y presupuestales que sean necesarios, de acuerdo con las competencias de cada autoridad.
“Queremos ser parte de la solución. Nuestro sector tiene presencia en todo el país y cuenta con miles de trabajadores, empresas y herramientas tecnológicas que pueden contribuir, dentro del marco de la ley, a fortalecer las estrategias de prevención y protección”, agregó Díaz.
El dato de 20.000 nuevos cupos carcelarios y una inversión estimada de $3,5 billones da para llevar el ángulo principal por cárceles; el esquema de tres anillos en estadios puede quedar como el segundo gancho fuerte.
Jesús Blanquicet y Carlos López – @JusticiaET
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