Tras emitir una advertencia contra el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, la Contraloría General de la República adelantó en las últimas horas una inusual inspección en la sede de la cartera. Como antesala, se había detectado un incremento de hasta el 22,5 % en la contratación pública durante las semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías. Es decir, una vez quedó habilitada la contratación estatal luego de meses en los que se suspendió con miras a evitar un involucramiento de los recursos públicos con las elecciones al Congreso y a la Presidencia.
Según el órgano de control dirigido por Carlos Hernán Rodríguez, entre el 22 de junio y el 21 de julio pasado se suscribieron hasta 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos. De acuerdo con la contraloría delegada para las Finanzas Públicas, esa cifra supone un incremento de hasta el 50% con respecto al mismo periódico final durante la era Duque.
Las trabas legales para que Wadith Manzur, en la cárcel y llamado a juicio por caso UNGRD, se posesione en su curul
De acuerdo con la investigación de la Contraloría, el Ministerio del Interior encabeza la lista de contratos de mayor cuantía suscritos por contratación directa una vez superadas las restricciones de la Ley de Garantías. Ello a través de la adjudicación de $54.443’234.800 destinados a la adquisición, instalación, configuración y soporte de herramientas tecnológicas para la integración y administración de información de los servicios de navegación aérea en las torres de control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), un contrato que busca reforzar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas del país.
En segundo lugar, aparece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Antioquia, a través de su Grupo Administrativo CIAA, que destinó $52.918’704.242 para la constitución de un fondo especial de administración de recursos orientado a la ejecución de la nueva sede de Puerto Boyacá, en sus diferentes fases, incluida la dotación del centro de formación.
El Ministerio del Interior vuelve a figurar con un tercer contrato, esta vez por $33.736’500.000, para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la modernización de los sistemas de integración de comunicaciones de voz VCS (Voice Communication System), con el propósito de fortalecer, también, las operaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Intento de envenenamiento, uno de los puntos que hará parte del paquete de denuncias que prepara Angie Rodríguez contra el gobierno Petro
Por su parte, la Rama Judicial adjudicó $30.522’268.354 para la prestación de servicios integrales de mesa de servicios, administración, operación, soporte, mantenimiento y gestión de los servicios tecnológicos sobre los cuales se basa su operación a nivel nacional, incluyendo “actividades de transición, transferencia de conocimiento y entrega de la operación tecnológica”.
Nuevamente el Ministerio del Interior aparece en la lista, con $27.240’958.486 destinados a “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios y diseños de implementación del sistema de video vigilancia orientado al fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES)” en el municipio de Soledad, Atlántico.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico (CDA), además, suscribió un contrato por $26.709’524.144 para aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la gestión integral de áreas de especial importancia ambiental de los Núcleos de Desarrollo Forestal (NDF) de Agua Bonita y los puertos del departamento de Guaviare.
‘Las cascada de contratos post Ley de Garantías puede tener consecuencias disciplinarias’: contralora que protege las finanzas del Estado
Cierra la lista un séptimo contrato del Ministerio del Interior, por $25.136’760.283, el cual busca la modernización de la infraestructura tecnológica de los sistemas de comunicaciones de voz VCS de la red integrada de comunicaciones de las Fuerzas Militares (FF.MM.).
De acuerdo con Jenny Lindo, delegada para las Finanzas, “es normal que se reactive la contratación cuando termina la Ley de Garantías, pero no en este nivel. Hace cuatro años se hacían 7.000 contratos en estas mismas cuatro semanas; aquí vamos en 12.000 contratos directos. Hay un crecimiento del 50 % en el ritmo de contratación cuando ni siquiera hemos cumplido con la meta de ingresos. Esto superó la normalidad”.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
MÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA
