La coincidencia entre los gobiernos de Donald Trump y Abelardo De La Espriella en materia de seguridad abre una oportunidad excepcional para relanzar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos después de seis años de tensiones, pero convertir esa afinidad en una alianza duradera requerirá mucho más que la cooperación militar.
Esa es, en esencia, la tesis que plantean Carolina Barco, excanciller y exembajadora de Colombia en Washington, y Kevin Whitaker, exembajador estadounidense en Bogotá, en un análisis publicado esta semana sobre el futuro de la relación bilateral.
Para ambos diplomáticos, dos voces con amplio conocimiento de la relación entre los países, la seguridad probablemente será el eje en torno al cual se construirá esta nueva etapa.
“Bajo De La Espriella, la seguridad será el centro de gravedad de la relación bilateral”, sostienen Barco y Whitaker en un artículo difundido por el centro de pensamiento Atlantic Council.
Pero no puede ser lo único.
A juicio de los exembajadores, una estrategia que aspire a perdurar tendrá que combinar la renovada cooperación militar con desarrollo rural, crecimiento económico, comercio e inversión, garantías en materia de derechos humanos y apoyo a la reconstrucción tras el terremoto que golpeó a Colombia en agosto.
Es decir, aprovechar la coincidencia política que hoy existe entre Trump y De La Espriella, pero evitar que la relación dependa exclusivamente de ella.
Barco, quien fue canciller entre 2002 y 2006 y embajadora de Colombia en Estados Unidos entre 2006 y 2010, y Whitaker, embajador estadounidense en Bogotá entre 2014 y 2019, parten de una realidad que consideran difícil de ignorar.
Colombia enfrenta nuevamente problemas de control territorial, la expansión de las economías ilícitas y la proliferación de grupos armados, mientras el Gobierno Trump ha convertido la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales en una de sus prioridades para el hemisferio.
De allí que exista una coincidencia natural entre ambas administraciones.
La seguridad puede unir de nuevo a Bogotá y Washington, pero no será suficiente
Colombia ya se incorporó al Escudo de las Américas y a la Coalición de las Américas contra los Carteles, iniciativas impulsadas por Washington para combatir al crimen transnacional, mientras De La Espriella ha prometido recuperar la capacidad ofensiva del Estado contra los grupos armados ilegales.
Según Barco y Whitaker, las organizaciones criminales han ampliado su control territorial, incorporado nuevas tecnologías, incluidos drones, y diversificado sus negocios más allá del narcotráfico hacia actividades como la minería ilegal y la trata de personas.
En ese escenario, dicen, una nueva ofensiva conjunta tiene sentido. Pero inmediatamente introducen una advertencia.
“La fuerza militar por sí sola no ofrecerá una solución duradera”, afirman, pues también será necesario enfrentar las condiciones económicas y sociales que permitieron que los grupos armados ilegales prosperaran.
Ese punto adquiere especial relevancia ahora que EE. UU. anunció 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Colombia, aunque todavía está por determinarse qué tipo de recursos integrarán el paquete y cuándo comenzarán a desembolsarse.
Para Barco y Whitaker, parte de la cooperación debería concentrarse en el entrenamiento, la movilidad, la inteligencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad colombianas.
Al mismo tiempo, consideran que una mayor ofensiva contra las organizaciones criminales no requiere necesariamente la presencia de tropas estadounidenses operando en Colombia, una posibilidad que ha generado interrogantes desde la adhesión del país a las nuevas iniciativas regionales.
Una participación de ese tipo, recuerdan, no tiene precedentes en la larga cooperación bilateral y podría provocar sensibilidades políticas internas. Además, sostienen, no debería ser necesaria dada la experiencia y capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas.
¿Puede el desarrollo convertirse en un arma contra las economías ilícitas?
El otro componente indispensable, según los exembajadores, es el económico.
Barco y Whitaker sostienen que enfrentar de manera sostenible el narcotráfico y la inseguridad requiere crear alternativas económicas en las zonas donde las economías ilícitas han ocupado el espacio dejado por el Estado.
En ese sentido, proponen aprovechar instituciones estadounidenses y multilaterales para impulsar la infraestructura, la digitalización, los minerales críticos, las nuevas fuentes de energía y los proyectos agrícolas e industriales.
La lógica es que la inversión, el empleo y la presencia estatal pueden terminar siendo tan importantes para la seguridad como las operaciones militares.
También identifican a Colombia como un candidato natural para el llamado nearshoring, o relocalización de cadenas productivas cerca del mercado estadounidense, dada su proximidad geográfica y los vínculos económicos ya existentes.
Sin embargo, advierten que existe un obstáculo inmediato.
EE. UU. sigue siendo el principal mercado de las exportaciones colombianas y, por lo tanto, resolver los efectos negativos de los nuevos aranceles será fundamental si ambos gobiernos realmente quieren profundizar su relación económica.
Barco y Whitaker recuerdan, en ese contexto, la solicitud que De La Espriella hizo a Trump para obtener un alivio arancelario temporal tras el terremoto.
Los autores destacan, además, la dimensión que ya alcanzó la relación comercial. Según las cifras que citan, el intercambio bilateral asciende a US$ 53.300 millones y el acuerdo comercial ha permitido incorporar cientos de nuevos productos colombianos al mercado estadounidense y ampliar significativamente el número de empresas que exportan al país.
Una relación que sobreviva a los presidentes
Pero quizá una de las advertencias políticas más importantes del documento es que la cercanía actual entre ambos presidentes no garantiza, por sí misma, una relación estable.
“La relación debe construirse para resistir futuros cambios en las prioridades políticas”, señalan Barco y Whitaker.
Para lograrlo, consideran indispensable reconstruir en Washington el apoyo bipartidista del que Colombia disfrutó durante buena parte de las últimas décadas.
Los autores son particularmente directos al afirmar que “el tradicional consenso bipartidista sobre Colombia existe principalmente en la memoria”.
Por eso, recomiendan que el nuevo Gobierno vuelva a trabajar no solo con republicanos sino también con demócratas, además de congresistas, medios de comunicación, centros de pensamiento, empresarios y otros actores con influencia en Washington.
El desafío podría cobrar aún más importancia después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, especialmente si los demócratas recuperan una o ambas cámaras del Congreso.
Barco y Whitaker anticipan que el Legislativo prestará atención a la manera en que De La Espriella implemente su estrategia de seguridad, al proceso de reconstrucción tras el terremoto y al manejo de asuntos como los derechos humanos y las comunidades minoritarias.
De allí otra de sus recomendaciones. La nueva ofensiva de seguridad debe ejecutarse respetando los estándares del derecho internacional humanitario, no solo por razones jurídicas, sino también porque los derechos humanos continúan teniendo peso en las decisiones del Congreso sobre la asistencia y la supervisión de la relación con Colombia.
Los exembajadores también proponen ampliar una relación que históricamente se ha concentrado en los gobiernos centrales.
Según ellos, una nueva etapa de cooperación debería involucrar directamente a departamentos y ciudades colombianos en asuntos como la seguridad, la infraestructura, la energía, la conectividad digital, la agricultura, el turismo, la capacitación laboral y la inversión privada.
La propuesta coincide con el énfasis de DeLa Espriella en gobernar desde las regiones y busca abordar la brecha en oportunidades, infraestructura y presencia estatal entre los grandes centros urbanos y las zonas periféricas.
En otras palabras, la relación bilateral podría comenzar a medirse no solo por los acuerdos alcanzados entre Washington y Bogotá, sino también por su capacidad de producir resultados concretos en las regiones.
¿Puede Venezuela convertirse en otro punto de convergencia entre Bogotá y Washington?
Barco y Whitaker también ven a Venezuela como un terreno en el que los intereses de Colombia y EE. UU. pueden converger.
A medida que las condiciones lo permitan, sostienen, Colombia podría desempeñar un papel importante en la recuperación económica y la transición democrática venezolana, utilizando su experiencia, empresas y antiguos vínculos comerciales con el vecino país.
Pero el componente de seguridad es igualmente importante.
Plan Colombia fue concebido fundamentalmente como una estrategia bilateral para enfrentar una insurgencia financiada por el narcotráfico. Hoy, argumentan, el panorama es mucho más complejo, con redes criminales internacionales, economías ilícitas diversificadas y organizaciones que operan simultáneamente en Colombia, Ecuador y Venezuela.
Por ello, plantean una mayor respuesta regional en la que EE. UU. aporte inteligencia, planeación y capacidades marítimas, mientras Colombia desempeña un papel central por su experiencia y capacidad operativa.
El diagnóstico final de Barco y Whitaker es optimista.
Colombia y Estados Unidos vuelven a encontrarse, dicen, en un momento de “notable coincidencia de intereses”, parecido en algunos aspectos al que dio origen a Plan Colombia hace un cuarto de siglo.
Esta vez existe además una fuerte consonancia política entre Trump y De La Espriella que puede facilitar decisiones rápidas y mantener una relación estrecha durante los próximos años.
Pero precisamente allí está también el riesgo.
Una relación construida únicamente alrededor de dos presidentes puede cambiar cuando cambien los gobiernos. Por eso, los autores proponen establecer un programa bilateral claro, grupos de trabajo con responsabilidades medibles, comunicación permanente de alto nivel y un papel activo de los embajadores en Bogotá y Washington.
También advierten que la cercanía con Trump no necesariamente hará más sencilla la relación. Como han experimentado otros aliados tradicionales de EE. UU., señalan, su Gobierno puede ser especialmente exigente precisamente con sus socios más cercanos.
Colombia, por lo tanto, tendrá que asegurarse de que los compromisos que asuma con Washington sean compatibles con sus propios intereses y valores.
Al final, Barco y Whitaker plantean una relación basada menos en afinidades ideológicas que en resultados concretos. Para EE. UU., eso significa avances contra el crimen transnacional, mayor inversión y estabilidad regional. Para Colombia, una mejor situación de seguridad, recursos para la reconstrucción y oportunidades de crecimiento económico.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
