Un informe de atención de denuncia de la Contraloría General de la República puso de nuevo en entredicho la gestión de Felipe Harman como director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el gobierno de Gustavo Petro. El documento de 38 páginas, conocido por EL TIEMPO, concluye que esa entidad giró el 95,67 % en el desarrollo de dos contratos por $710.000 millones, en el marco de la atención a víctimas del conflicto, pero solo logró acreditar transferencia real de dominio sobre el 45,46 % de esos recursos. Aunque la ANT solicitó retirar el hallazgo, el órgano de control se negó y mantiene la pesquisa fiscal y disciplinaria.
Los pormenores del expediente dan cuenta de que la investigación fue adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Agropecuario y los resultados de la misma pesquisa fueron comunicados, en su momento, al exdirector Harman. La acción de control fiscal, en general, le puso lupa a la operación con la cual, en 2024, la ANT le compró predios al Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), administrado por la Unidad para las Víctimas. El dato más relevante establece que persiste una diferencia de $370.487’803.320 entre lo desembolsado por la ANT y lo que realmente quedó respaldado con actos de transferencia de dominio.
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El documento fue elaboradoluego de que un comité de evaluación sectorial validara unanálisis de los contratos del pasado 30 de julio, que supone una segunda valoración del expediente. La actuación de la Contraloría se concentró en los Contratos Interadministrativos ANT-202413098, por alrededor de $410.000 millones, y ANT-20245680, por alrededor de $300.000 millones, suscritos entre la ANT y la Unidad para las Víctimas,para adquirir predios rurales destinados al Fondo de Tierras. Sin embargo, solo se pudo acreditar, como respaldo mínimo, la expedición de actos administrativos de transferencia sobre predios por valor de $308.781’306.543, es decir, solo el 45,46 % de lo desembolsado.
Los detalles, por contrato, muestran comportamientos distintos en cada caso. En el primero, se desembolsaron $393.001’098.103, pero el respaldo acreditado mediante actos de transferencia llegó apenas a $100.685’756.046, lo que corresponde a un 25,62 % de lo girado. Allí se identificaron 71 predios con resolución de transferencia, de los cuales 52 ya estaban inscritos y 19 seguían en trámite registral.En el segundo contrato, se estableció quede$286.268’011.760 desembolsado, se acreditó respaldo por $208.095’550.497, equivalente al 72,69 %. En este caso se identificaron 105 predios con resolución de transferencia, 78 inscritos y 27 en trámite.
La Contraloría cuestionó, a lo largo de la investigación, que se hubieran realizado desembolsos de millonarios recursos públicos sin que se acreditara una correspondencia proporcional entre la transferencia y consolidación del dominio de los predios a favor de la ANT, que luego serían utilizados para favorecer a las víctimas. Los auditores que participaron del expediente también argumentaron que los inmuebles incluidos tenían situaciones jurídicas distintas, lo que obligaba a realizar análisis particulares sobre su disponibilidad, así como posibles solicitudes de restitución, ocupaciones, contingencias y otras eventualidades que pudieran afectar su transferencia.
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La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
Larespuesta de la ANT fue radicada el 27 de julio de 2026, cuando todavía estaba en ejercicio Felipe Harman como director de la entidad, la cual solicitó retirar la observación y las incidencias fiscal, penal y disciplinaria. La ANT argumentó que los contratos no son operaciones de compraventa de ejecución instantánea, sino instrumentos de articulación interinstitucional que contemplan un procedimiento progresivo con múltiples etapas: oferta, viabilidad jurídica y técnica, entrega anticipada de la administración, avalúos, levantamientos topográficos, saneamiento catastral y, finalmente, el ingreso al Fondo de Tierras.
La Agencia reportó más de 184 predios entregados provisionalmente y sostuvo que esas entregas ya permiten su aprovechamiento por sujetos de, como se nombró a lo largo del gobierno anterior, la “reforma agraria”. Además, que la monetización de los bienes del Fondo de Reparación a las Víctimascontribuye simultáneamente a la reparación de ellas.También argumentó que sus informes de supervisión dieron por cumplidos los requisitos de pago, respaldada en comités técnicos, mesas de trabajo y controles de calidad.
Sin embargo, el equipo auditor de la Contraloría concluyó que la respuesta de la ANT no desvirtuó la causa ni el efecto del hallazgo. La conclusión fue contundente, pues según el informe, la naturaleza progresiva de la operación no explica por qué, frente a un 95% de ejecución financiera de los acuerdos, solo se logró acreditar respaldo jurídico sobre el 45,46% de los recursos. El órgano de control fue insistente en que la entrega material o provisional de un predio no equivale a una transferencia real de dominio hasta que no estén dados todos los pasos que la Ley establece.
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El informe también describe otros “hechos relevantes” detectados durante la revisión de los documentos de los acuerdos públicos. Uno de ellos es la sustitución de 78 predios por 70 nuevos mediante un otrosí, que mantuvo el valor económico total de los territorios, pero redujo el área incorporada en más de 1.000 hectáreas, con un incremento del 20,76% en el valor promedio por hectárea.
Las consecuencias
El único punto en el que la Contraloría le dio la razón a la ANT fue en bajar la incidencia penal. Es decir, la posibilidad de que la Fiscalía entrara a determinar una investigación en lo de su competencia. El informe, en sí, aclara que los elementos de prueba recaudados muestran presuntas irregularidades administrativas, contractuales y fiscales, pero no permiten identificar la evidencia de apropiación, falsedad, engaño o la comisión de un delito de manera intencional. No obstante, se mantuvo la incidencia fiscal y disciplinaria, por lo que la Contraloría y la Procuraduría pueden seguir avanzando con las pesquisas.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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