EL TIEMPO conoció en exclusiva el auto con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal contra la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, denunciada penalmente luego de ordenar, como expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.
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En el documento de 46 páginas, el magistrado instructor Misael Rodríguez expone uno a uno los testimonios de funcionarios como la entonces directora del Dapre, Nohora Mondragón, y del abogado del presidente Petro, el penalista Alejandro Carranza, quienes aseguraron haber recibido supuestas presiones de la excongresista.
Pero, además, documentó una serie de encuentros entre Carranza, Arizabaleta y el secretario de la Comisión, Jairo Corzo, en los que, presuntamente, la exrepresentante habría pervertido sus funciones como integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones.
Incluso, según el auto, le habría entregado al abogado el borrador de una decisión interlocutoria que preparaba el triunvirato investigador dentro del proceso que se seguía contra el presidente Petro por la presunta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial.
“En la presente actuación obran elementos que
permitirían inferir que Gloria Elena Arizabaleta Corral, en
primer lugar, habría realizado solicitudes o exigencias al
ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas,
y al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro
Urrego; en este último caso, de manera indirecta a través de
su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda. En ambas
situaciones, las solicitudes o exigencias presentadas por la
aforada tendrían un vínculo con la adopción de decisiones y el
curso de actuaciones contra el presidente de la República en
el seno de la Comisión de Investigación y Acusaciones“, se lee en el auto.
De acuerdo con la indagación, el primero de esos encuentros se habría realizado entre octubre y noviembre de 2025 en un restaurante con salones privados, en Bogotá.
Según el testimonio de Carranza, Arizabaleta le manifestó que debía servir como “vehículo” para acercarla al Gobierno Nacional y que debía hacerse “gestión política” en los procesos que cursaban contra el presidente en la Comisión de Investigación y Acusaciones. El abogado aseguró que la entonces representante le dijo que el objetivo era cerrar esos expedientes antes de un eventual cambio de gobierno.
El segundo encuentro, según los registros recopilados por la Corte, ocurrió el 27 de enero de 2026 en la residencia de Arizabaleta, ubicada en el condominio Sikasue, en la vía Bogotá-La Calera.
Los registros de ingreso muestran que primero llegó el secretario Jairo Corzo y, cerca de una hora después, ingresó Carranza.
El abogado declaró que nuevamente le insistieron en que sirviera de “puente” para facilitar un acercamiento con el Gobierno. Por su parte, Corzo confirmó el desayuno y su presencia en el lugar, aunque aseguró desconocer el contenido de la conversación entre Arizabaleta y Carranza.
El tercer encuentro tuvo lugar el 8 de junio de 2026 en un restaurante Buffalo Wings de Bogotá. La Corte reconstruyó la reunión con videos de seguridad y registros de comunicaciones.
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Según Carranza, Arizabaleta le habló de los procesos que cursaban contra el presidente, hizo cuentas sobre los votos que tendría una eventual decisión en la Comisión y le dijo que “ustedes tienen que buscar los votos” y “negociar“.
“Ella hizo cuentas de que hay un representante que está en la cárcel; me habló de los del Centro Democrático. «Ellos, pues, por ser Centro Democrático, van a votar en contra. Entonces ahí somos cuatro o cinco. Ustedes tienen que mirar cómo lo hacen». Inclusive me dijo que, dado el caso, ella podía retirar su salvamento de voto. Yo le dije todo el tiempo: «Esto me parece que no es conveniente, doctora; esto es irregular, debería pensarlo bien». Y ella me dijo: «No, eso está en manos de ustedes; ya es un tema de ustedes; tienen que negociar»”, sostuvo Carranza ante la Corte.
El abogado afirmó que le respondió durante toda la conversación que esa propuesta le parecía inconveniente e irregular y que debía pensarlo mejor.
En esa misma reunión, según el testimonio de Carranza, Arizabaleta manifestó su inconformidad porque el presidente Petro no respondía sus mensajes, mostró conversaciones enviadas al mandatario sin respuesta y lanzó duras críticas contra el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila.
«[Arizabaleta Corral] dijo una palabra supremamente gruesa: “Es que Germán es una gonorrea”. […] Le dije: “Doctora, ¡ese vocabulario con esa boca, por Dios!”. O sea, nos miramos con el doctor Corzo [Ordóñez] y nos dio una risa, como incómoda, de escuchar esa palabra. [Arizabaleta Corral] dijo: “Sí, es una gonorrea porque yo he hablado con él y no me ha cumplido”. […] Le dije: “Nuevamente, doctora, recuerde que yo no me quiero meter en nada de eso. No quiero saber nada. Conmigo hable de derecho, hable de decisiones, hable de resoluciones, hablemos de los debates en el proceso en la Comisión, pero no puedo saber eso”. Entonces me dijo: “Pues esto depende ya de ustedes […] porque ustedes tienen que negociar”. […] Le dije: “Doctora, yo voy a buscar las mejores palabras para tratar de transmitirle esto al presidente [Petro Urrego], pero esté segura de que el presidente va a decir que esto es una extorsión”», se lee en el testimonio de Carranza.
Las supuestas presiones a la directora del Dapre
En el auto, la Sala de Instrucción también documentó las gestiones indebidas que, presuntamente, Arizabaleta adelantó ante la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón, y el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila.
En el caso de Mondragón, la investigación reconstruyó una reunión que habría tenido lugar en febrero de 2026 en su despacho, en la Casa de Nariño.
Al encuentro asistieron la entonces presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones, Gloria Arizabaleta; el secretario de esa célula legislativa, Jairo Corzo; la directora del Dapre y el abogado del presidente, Alejandro Carranza. La existencia de esa reunión fue corroborada por los testimonios de los tres últimos.
Según el relato de Carranza y de Mondragón, apenas Arizabaleta llegó al despacho le pidió al abogado que se retirara porque debía sostener una conversación a solas con la directora del Dapre. Carranza aseguró que accedió de inmediato y que en la oficina permanecieron únicamente Mondragón, Arizabaleta y Corzo.
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Fue en ese encuentro, de acuerdo con la declaración de Mondragón, cuando la entonces representante le solicitó nombrar a una mujer en un cargo directivo de Fiduprevisora. La directora del Dapre aseguró que Arizabaleta incluso le envió, a través de Signal, la hoja de vida de la aspirante y le presentó ese nombramiento como parte de un acuerdo político del que, según dijo, el movimiento tenía conocimiento. Mondragón declaró que recibió la petición, consultó el asunto con el presidente Gustavo Petro y que, finalmente, el mandatario le entregó la hoja de vida de otra persona, quien fue la que terminó siendo vinculada.
Aunque ni Carranza ni Corzo precisaron la fecha exacta del encuentro, ambos coincidieron en que ocurrió cuando Mondragón ya ejercía como directora del Dapre. La Corte, además, cruzó los registros de ubicación de los teléfonos celulares de Arizabaleta y Corzo y encontró que ambos coincidieron en las celdas identificadas como “Casa de Nariño” y “Bog. Palacio de Nariño” el 20 de febrero de 2026, entre las 4:46 de la tarde y las 6:11 de la noche, por lo que concluyó que esa habría sido la fecha de la reunión.
Las supuestas presiones al ministro de Hacienda
La investigación también destapó los acercamientos de Arizabaleta con el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según el auto, tras conocerlo en agosto de 2025, la entonces congresista comenzó a buscar, de manera insistente, reuniones privadas con él a través de su equipo de trabajo.
La asesora del ministro, María Mónica Martínez, declaró ante la Corte que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 recibió al menos cinco llamadas de Arizabaleta en las que le pedía insistentemente coordinar un encuentro con Ávila. Según su testimonio, la entonces representante insistía en que la reunión se realizara por fuera del Ministerio de Hacienda y en un lugar “discreto”. Además, aseguró que el propósito del encuentro era hablar sobre asuntos relacionados con la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
De acuerdo con la investigación, las solicitudes también fueron canalizadas por intermedio del secretario de la Comisión, Jairo Corzo. La asesora del ministro afirmó que, en una oportunidad, el funcionario se presentó en la sede del Ministerio para transmitirle un mensaje de Arizabaleta en el que le pedía que el ministro la recibiera.
Finalmente, Ávila aceptó reunirse con la entonces congresista. La cita, según el ministro, se realizó el 5 de febrero de 2026 en el restaurante Chalet Suizo, sede Park Way, en el barrio La Soledad, en Bogotá, luego de que el lugar fuera coordinado por su asesora.
En su declaración, Ávila aseguró que durante ese encuentro Arizabaleta utilizó expresiones que, aunque en apariencia hacían referencia a acuerdos políticos o gestiones propias de la actividad legislativa, en realidad correspondían, según su interpretación, a solicitudes de recursos económicos para lograr que la Comisión de Investigación y Acusaciones adoptara decisiones favorables al presidente Gustavo Petro.
“La representante pretendía eran millones y buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones”, declaró el entonces ministro ante la Corte.
El expediente agrega que esa solicitud no habría sido un hecho aislado. Según el testimonio de Ávila, el 13 de mayo de 2026, durante una sesión del Congreso, Arizabaleta volvió a insistir en el mismo planteamiento.
Estas pruebas, junto con los registros documentales del 9 de junio, día en el que Arizabaleta radicó el auto que ordenaba la suspensión del presidente Gustavo Petro, fueron las que la Corte tuvo en cuenta para abrir la investigación en su contra por los presuntos delitos de prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto. A ello se suma la información recolectada durante el allanamiento practicado a su vivienda en La Calera el pasado 16 de julio.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
