El Gobierno de Abelardo De La Espriella, tal como lo prometió en campaña, derogó la resolución que desde 2015 ordenaba suspender la aspersión con glifosato sobre los narcocultivos.
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Este decreto abre nuevamente la puerta a la utilización de este mecanismo, aunque su reanudación no será automática.
La decisión deja sin efectos la Resolución 6 de 2015, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, con la que, en medio de las negociaciones de paz, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos suspendió el uso del glifosato en la política de erradicación de cultivos.
Sin embargo, el documento advierte que la derogatoria, por sí sola, “no implica la reanudación automática” de este mecanismo ni autoriza la ejecución de actividades de aspersión desde aeronaves tripuladas.
Para que el programa pueda reactivarse, el Gobierno deberá cumplir con la ruta establecida por la Corte Constitucional, que no prohibió la aspersión con el herbicida, pero sí lo condicionó.
La primera es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expida un Plan de Manejo Ambiental , posteriormente, se debe someter a la consulta previa con las comunidades indígenas en los territorios focalizados en la política antidrogas y tener el aval del Instituto Nacional de Salud.
“La Corte Constitucional, en la Sentencia T-236 de 2017, dispuso en el punto cuarto de su parte resolutiva que el Consejo Nacional de Estupefacientes solo podrá modificar la decisión de no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea cuando haya diseñado y puesto en marcha un proceso decisorio con seis características mínimas, entre ellas la existencia de una regulación de control del riesgo diseñada por un órgano independiente del ejecutor (la Anla), una evaluación continua del riesgo, una investigación científica con garantías de rigor e imparcialidad, y evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente“, dice el decreto del gobierno.
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De La Espriella ya había mencionado un plan en este sentido. El pasado 7 de agosto, durante su posesión presidencial, dijo que “implementará la aspersión con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”.
Con la derogación de esta resolución, EL TIEMPO conoció que el gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una estrategia para reducir las 261.000 hectáreas de coca registradas en 2024 y, según fuentes oficiales, lo hará utilizando todas las herramientas disponibles y bajo las exigencias de la Corte Constitucional y del Decreto 380 de 2021, que establecen las condiciones para una eventual aspersión aérea.
El plan para atacar los narcocultivos contempla el uso de distintos herbicidas y combinará la aspersión manual y aérea con la erradicación voluntaria y forzada, en un intento por retomar una política de intervención más amplia frente a los cultivos ilícitos, sin apartarse del marco constitucional establecido para estas operaciones.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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