El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó este jueves el proyecto reformulado del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 ante el Congreso, luego de que las comisiones económicas devolvieran el borrador inicial del gobierno de Gustavo Petro.
La propuesta es por un valor de 634,9 billones de pesos, un aumento de 58 billones frente al texto original de 575,6 billones.
Entre las justificaciones para el incremento están el terremoto y el déficit fiscal del Gobierno Petro, que resultó ser mayor al estimado en el texto radicado por el exministro de Hacienda Germán Ávila.
El 11 de agosto, las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobaron la devolución del borrador inicial a solicitud del propio ministro Gómez Martínez, quien argumentó la necesidad de corregir las cuentas del gobierno anterior. Aquel proyecto contemplaba ingresos por 545,4 billones, por lo que presentaba un faltante de 30,2 billones.
“El presupuesto radicado por la administración anterior no guardaba compatibilidad con las metas de inflación, crecimiento y balance externo, distorsionando las variables macrofiscales subyacentes, por lo cual incumple los artículos 20 y 21 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP)“, dice un documento de la Presidencia.
Por un lado, subestimó la inflación de cierre de 2026 en 90 puntos básicos (fijándola en un 6,0 % cuando la inflación observada a julio ya iba en 6,03 % y el emisor proyectaba un cierre del 6,9 %), lo que alteraba negativamente el cálculo de indexación legal de los gastos públicos. Por el otro, sobreestimó el crecimiento del PIB para 2027 en un 2,2 % (frente al 1,9 % estimado en el Informe de Política Monetaria), lo cual inflaba de manera ficticia el recaudo de impuestos y la base gravable de la Nación.
En ese contexto, “la reformulación de este proyecto de ley tiene, por tanto, un propósito preciso: poner la casa en orden“, agrega el texto.
A eso se suma la coyuntura del terremoto del 10 de agosto y la consecuente declaratoria de emergencia económica, social y ecológica (Decreto 1261 de 2026), “exige que la reformulación del PGN 2027 articule la atención de la emergencia y la reconstrucción con un proceso riguroso de consolidación fiscal“, puntualiza.
A partir de ahora, el nuevo presupuesto pasará al Congreso para su análisis, ajuste y sanción como ley, en caso de ser aprobado.
Las cifras de la propuesta devuelta
El texto original, radicado por el exministro de Hacienda Germán Ávila, fijaba una meta presupuestal de 575,6 billones (equivalente al 27 % del PIB). Esta cifra representaba 21,4 billones menos frente al anteproyecto presentado en abril.
Sin embargo, el documento dejaba un descuadre fiscal en ingresos proyectados (545,4 billones de pesos) y un faltante de caja de (30,2 billones de pesos).
En cuanto a la destinación del gasto, la propuesta anterior contemplaba 367,6 billones de pesos para funcionamiento (donde el 75,4 % correspondía a transferencias), 118 billones para el servicio de la deuda y 90 billones para inversión pública.
¿Qué se agrega y qué se ‘corrige’?
La reformulación añade al presupuesto de gastos obligaciones que antes eran pasivos ocultos o que surgieron debido a emergencias imprevistas:
- Déficit del FEPC: Se agrega de forma explícita una provisión de 9,6 billones de pesos para atender el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), convirtiendo un pasivo implícito en una obligación transparente y financiada.
- Atención de Emergencia y Reconstrucción por el Terremoto: Tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 (que causó estragos en 16 departamentos y pérdidas estimadas entre el 1,5 % y el 2 % del PIB), se agregan apropiaciones de inversión extraordinaria. Estos recursos serán articulados de manera fiduciaria mediante el nuevo Fondo Milagro de Reconstrucción para rehabilitar infraestructura y proteger a la población damnificada.
- Gastos obligatorios depurados: En conjunto, estas correcciones y depuraciones agregan y reconocen cerca de 2,1 billones de pesos adicionales de gastos obligatorios que el Estado ya tiene o razonablemente tendrá que atender en 2027.
Por otra parte, la corrección se enfoca en eliminar supuestos económicos y ajustar partidas de gasto que la administración anterior había subestimado deliberadamente para aparentar sostenibilidad:
- Se corrige la inflación de cierre para 2026, elevándola del 6,0 % al 6,6 % para reflejar la realidad del acumulado a julio de 2026 (6,03 %) y las proyecciones reales del Banco de la República (6,9 %). Esto corrige la indexación legal de los rubros de gasto.
- Se reduce la proyección de crecimiento real del PIB para 2027 del 2,2 % al 1,8 % (más cercano al 1,9% estimado por el emisor) para evitar sobreestimar el recaudo tributario.
- Se corrige la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio para 2026, ajustándola de 3.757 pesos a 3.400 por dólar (con cierre en 3.100 pesos), reconociendo la apreciación cambiaria que disminuye nominalmente el recaudo de IVA externo y aduanas.
- Se corrige la partida de pensiones para Colpensiones incorporando el cálculo actuarial real del crecimiento vegetativo del sistema, el cual suma más de 90.000 nuevos pensionados cada año.
- Se corrige la asignación de aproximadamente 2 billones de pesos que era severamente insuficiente para cubrir las necesidades reales de la población.
Mientras, en lo que se nombró como “sinceramiento” de los ingresos del nuevo presupuesto está:
- Se eliminan $30,2 billones (1,4% del PIB) de ingresos contingentes condicionados a leyes futuras que no tenían viabilidad real, ya que el proyecto de reforma tributaria (Ley 004/2026) solo estimaba un recaudo de $21,9 billones (dejando un vacío estructural de financiación).
- Se excluyen ingresos por el equivalente al 1,5% del PIB que dependían de mayores cargas tributarias no aprobadas legalmente.
