Durante esta semana la Policía Nacional anunció el plan piloto de retorno de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, el cual se desarrollará principalmente en Putumayo y cambiará el herbicida glifosato por glufosinato de amonio. La institución agregó que son hasta 1.000 hectáreas a tratar, con miras de llegar a un plan nacional de erradicación con esta formula.
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Sin embargo, EL TIEMPO conoció que el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís (Putumayo) admitió el estudio de una acción de tutela promovida por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, y resolvió suspender temporalmente la medida anunciada por la Presidencia en el diario oficial.
A grandes rasgos, la acción judicial establece como un riesgo que las autoridades busquen conocer los impactos de un nuevo herbicida utilizándolo directamente sobre el territorio de Putumayo, en lugar de buscar otros mecanismos y en un contexto en el que la Corte Constitucional tiene prohibido el uso del glifosato por graves riesgos a la salud de los colombianos.
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La decisión se mantendrá en firme hasta tanto la Policía Nacional, así como las autoridades ambientales, aporten información de fondo sobre los eventuales riesgos de la nueva estrategia, la planeación total de la idea a ejecutar en terreno y “se cuente con los elementos de juicio necesarios para resolver de fondo la controversia sometida a consideración del juez constitucional”.
El centro de la tutela va encaminado a argumentar que no deben ejecutarse las aspersiones mientras no se acredite, mediante evidencia científica objetiva, independiente y rigurosa, que la actividad no representa riesgos para la salud humana, las fuentes hídricas, los cultivos lícitos, la biodiversidad y los polinizadores naturales como abejas.
La Fundación busca la protección inmediata de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud, agua, ambiente sano, participación ciudadana y protección de la biodiversidad. Y aclara que no se opone a la erradicación de cultivos ilícitos, ni a la lucha antinarcóticos, sino que exige que esa política se ejecute dentro de los límites constitucionales y ambientales.
El Juzgado admitió la tutela y requirió con carácter urgente a las entidades involucradas para que entreguen información detallada del plan, entre ellas el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Departamento de Putumayo.
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Las entidades deberán responder cuales son los municipios y las divisiones territoriales que están dentro del polígono de intervención. Si se suscribió acta de inicio de ejecución del plan piloto y si existen procesos contractuales relacionados. También deberán informar si se efectuó algún análisis respecto de la eventual necesidad de adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas, entre otras disposiciones.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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