Tras las maratónicas labores de rescate y atención humanitaria, que durante la primera semana del peor terremoto del siglo permitieron sacar de los escombros a 355 personas, el país entra en una nueva fase: la reconstrucción, la atención de las necesidades básicas de los sobrevivientes, la generación de empleo, la reanudación de las clases y la continuidad de un sistema de salud que ya estaba en crisis y que se agudizó por la sobreocupación y los daños estructurales en clínicas y hospitales.
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A las casi dos semanas del terremoto, uno de los principales retos es lograr que los estudiantes de las zonas afectadas retomen algún tipo de actividad educativa lo antes posible, incluso mientras se reconstruyen las instituciones.
Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Javeriana, advierte que la evidencia de otros terremotos muestra que los niños afectados tienen mayor riesgo de desertar y presentar posteriormente menores resultados académicos. “Hay evidencia de que cuanto más rápido se retome la actividad, mejor”, afirma Bernal. Sin embargo, considera que este regreso debe estar acompañado de apoyo psicosocial y de una priorización de los aprendizajes.
La educación virtual puede ser una alternativa en las zonas con conectividad, pero no una solución general. Para las comunidades sin internet se requieren cartillas y materiales físicos. Además, plantea la necesidad de hacer seguimiento individual a los estudiantes para identificar quiénes están abandonando el sistema y dónde concentrar los esfuerzos.
En materia de salud, las prioridades del sistema, que en un momento se volcó a la atención inmediata de los sobrevivientes y al reto sanitario de la disposición de los cuerpos de los casi 300 fallecidos, deberían tener un viraje. Luis Jorge Hernández, salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, explica que el principal riesgo está relacionado con las condiciones en las que permanece la población afectada: acceso a agua potable, saneamiento, manejo de residuos, seguridad de los alimentos y hacinamiento en alojamientos temporales.
“Los terremotos por sí solos no producen epidemias”, señala Hernández. El riesgo aumenta cuando se deterioran estas condiciones básicas y se interrumpen los servicios sanitarios.
Entre las enfermedades que requieren mayor vigilancia están las enfermedades diarreicas y respiratorias, las transmitidas por alimentos y, dependiendo de la zona, enfermedades transmitidas por vectores como dengue o malaria. También se debe hacer seguimiento a posibles descompensaciones de enfermedades crónicas y a las necesidades de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Este escenario cobra relevancia especialmente en los albergues, lugares de paso y en los campamentos improvisados que se instalaron en parques, porque el paso de una temporada de lluvias complejiza las condiciones de habitabilidad de las personas damnificadas.
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Otro frente que cobra importancia es la salud mental. Ansiedad, alteraciones del sueño, miedo persistente y duelo pueden aparecer entre quienes perdieron familiares, viviendas o medios de subsistencia, así como entre los rescatistas. Para Hernández, la respuesta no debe limitarse a la atención psicológica: recuperar rutinas, mantener conectadas a las comunidades y garantizar información clara también ayuda a proteger la salud mental.
En cuanto a la reconstrucción, con un saldo de más de 26.000 viviendas destruidas y 127.000 averiadas, empieza una fase de evaluación y selección para determinar cuáles edificaciones demoler y cuáles reparar.
“Después de que se escoja quién será el gerente de la reconstrucción, debe escogerse una junta directiva que dé los lineamientos y la confianza para llevarla a cabo en los departamentos afectados. Luego viene la evaluación de las estructuras, pero este no es solo un análisis en el que uno observa qué está dañado y qué no. En cada uno de los sitios se debe hacer un análisis profundo para determinar las condiciones de las estructuras, hace cuánto tiempo fueron construidas y si cumplen con las normas de sismorresistencia”, afirmó Néstor Botero, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
El Gobierno y los entes territoriales también enfrentan desafíos en materia de comercio y empleo para reactivar las economías locales que quedaron suspendidas por los daños locativos y pérdidas humanas tras la tragedia.
“Más que hablar de una pausa económica, en esta situación se da un reemplazo de la actividad económica”, dijo Cristina Gómez-Clark, directora de Álvarez y Marsal Colombia.
Redacción EL TIEMPO
