A partir de este lunes, más de 350.000 inmigrantes haitianos que durante años vivieron y trabajaron legalmente en Estados Unidos quedaron expuestos a la deportación tras perder el Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa humanitario creado por el Congreso hace más de tres décadas para proteger a extranjeros cuyos países enfrentan guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.
La decisión marca mucho más que el fin de una protección para los haitianos. En realidad, representa el inicio del mayor desmonte del sistema de TPS desde que fue creado en 1990 y abre la puerta para que, en los próximos meses, cientos de miles de inmigrantes de otros países también pierdan su autorización para permanecer y trabajar legalmente en este país.
Aunque el impacto inmediato recae sobre la comunidad haitiana, la mayoría de la cual está concentrada en Florida, el precedente también alcanza a beneficiarios de países como El Salvador, Somalia, Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar, Sudán del Sur e incluso a algunos grupos de venezolanos cuyos programas enfrentan procesos similares o decisiones administrativas futuras.
La medida es, además, una de las victorias judiciales más importantes que ha obtenido la administración de Donald Trump en materia migratoria desde su regreso a la Casa Blanca.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado meses atrás la terminación del TPS para Haití, la decisión permanecía suspendida debido a diversas demandas judiciales. Eso cambió en junio, cuando la Corte Suprema, por seis votos contra tres, concluyó que los tribunales federales no pueden revisar la decisión del Ejecutivo de poner fin a una designación de TPS.
La mayoría de la Corte sostuvo que la ley otorga esa facultad casi exclusivamente al secretario de Seguridad Nacional y que, salvo circunstancias excepcionales, los jueces no pueden bloquear dichas determinaciones.
El alto tribunal sí permitió continuar con una demanda separada en la que organizaciones de inmigrantes alegan que la decisión estuvo motivada por discriminación racial, pero dejó entrever que esas reclamaciones tienen pocas probabilidades de prosperar.
En la práctica, el fallo eliminó el principal obstáculo legal que impedía al gobierno iniciar la desmantelación del programa y, de esta manera, los haitianos constituyen apenas la primera ficha del desmonte.
Por un lado, quedaron sin autorización para trabajar legalmente y, por otro, sin la protección que tenían frente a una posible deportación. No obstante, eso no significa que estas personas sean expulsadas automáticamente ni en cuestión de días. Muchos intentarán acogerse a otros mecanismos migratorios, solicitar asilo o buscar alguna otra vía legal para permanecer en el país.
Pero quienes no tengan otra protección pasarán inmediatamente a ser “deportables”.
Además, existe una diferencia importante respecto de otros grupos de inmigrantes indocumentados. Durante años estas personas vivieron legalmente bajo un programa administrado por el propio gobierno federal. Eso significa que las autoridades conocen quiénes son, dónde viven, dónde trabajan y poseen buena parte de su información biométrica y de contacto.
ICE emprendería operaciones para expulsar a haitianos tras fin del TPS
De acuerdo con documentos internos obtenidos por CBS News, ICE ya prepara operaciones para localizar y detener a antiguos beneficiarios del TPS haitiano, especialmente en estados con grandes comunidades como Ohio, antes de trasladarlos rápidamente a vuelos de deportación hacia Haití.
Hasta ahora EE. UU. venía realizando aproximadamente un vuelo mensual de deportación hacia Haití, pero distintos reportes indican que esa frecuencia podría aumentar de forma considerable tras el vencimiento del TPS.
La situación resulta especialmente polémica porque el propio Departamento de Estado continúa recomendando a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Haití debido al deterioro extremo de la seguridad.
Según Naciones Unidas, las pandillas controlan cerca del 90 por ciento de Puerto Príncipe y la violencia ha dejado miles de muertos y más de un millón de desplazados internos en los últimos años.
¿Qué países están expuestos al fin del TPS en EE. UU.?
El siguiente gran grupo que está en la mira es el de unos 190.000 salvadoreños cuyo TPS expira en septiembre, aunque la administración aún no ha anunciado oficialmente si permitirá una nueva extensión o seguirá el mismo camino que con Haití.
Mientras tanto, el gobierno ya ha comunicado su intención de terminar o dejar expirar las protecciones para varios otros países, entre ellos Etiopía, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, aunque algunos de esos procesos todavía enfrentan litigios ante cortes federales.
Los beneficiarios venezolanos, por su parte, constituyen un caso aparte. Parte de esas protecciones ya fueron canceladas por la administración Trump, mientras que otras continúan vigentes temporalmente por decisiones judiciales o por diferencias entre las distintas designaciones otorgadas en años anteriores.
¿Cómo funciona el TPS en EE. UU.?
El TPS nació hace 35 años como una herramienta excepcional. Fue creado por el Congreso en 1990 y promulgado por el presidente George H. W. Bush para permitir que ciudadanos extranjeros que ya se encontraban en EE. UU. permanecieran temporalmente en el país cuando regresar significara poner en riesgo su vida debido a guerras, desastres naturales, epidemias u otras crisis extraordinarias.
La figura no otorga residencia permanente, tampoco constituye un camino automático hacia la ciudadanía y, en teoría, solo debía mantenerse mientras persistiera la emergencia que justificó la protección.
En otras palabras, el Congreso imaginó un mecanismo estrictamente temporal. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy distinta.
Muchos de los países beneficiados nunca lograron superar sus crisis. Algunos quedaron atrapados durante décadas en conflictos armados. Otros, como Haití, sufrieron una sucesión de terremotos, huracanes, crisis políticas y violencia que impidieron normalizar la situación.
Como consecuencia, las administraciones tanto republicanas como demócratas fueron renovando periódicamente dichas designaciones.
Con el paso del tiempo, miles de beneficiarios construyeron una vida plena en EE. UU. Compraron viviendas, abrieron negocios, tuvieron hijos ciudadanos estadounidenses y desarrollaron carreras profesionales, aunque, jurídicamente, siguieran dependiendo de un permiso que debía renovarse cada pocos meses.
¿Por qué la administración Trump quiere acabar el TPS?
Esa transformación convirtió al TPS en uno de los programas migratorios más controvertidos del país. Para la administración Trump, precisamente ahí radica el problema.
El gobierno sostiene que el TPS fue concebido para responder a emergencias pasajeras y no para convertirse en una vía de permanencia indefinida.
En esa lógica, mantener durante quince o veinte años a personas bajo una figura temporal distorsiona la intención original del Congreso.
“El TPS fue creado para emergencias. Los demócratas lo convirtieron prácticamente en un mecanismo permanente para la migración masiva”, afirmó recientemente el senador republicano Eric Schmitt al bloquear en el Senado un intento de extender la protección a los haitianos.
La administración también insiste en que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo determinar cuándo un país ha dejado de reunir las condiciones para seguir bajo esa protección.
“Ese es precisamente el Estado de derecho”, señaló un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al defender la decisión de poner fin al programa.
Organizaciones conservadoras como Heritage Action respaldan esa posición y sostienen que el gobierno simplemente está aplicando el programa tal como fue concebido originalmente.
Quienes critican la medida plantean un panorama completamente distinto.
Su principal argumento es que, aunque el TPS fue concebido como un mecanismo temporal, el Congreso nunca reformó las leyes migratorias para ofrecer una alternativa a personas que llevan décadas viviendo legalmente.
Los riesgos de volver al país de donde huyeron
Para muchos beneficiarios, el país que dejaron prácticamente ya no existe. En el caso haitiano, numerosos inmigrantes llegaron tras el devastador terremoto de 2010 y llevan más de quince años viviendo en EE. UU.
Muchos tienen hijos estadounidenses, pagan impuestos, poseen viviendas y forman parte de comunidades que dependen de su trabajo.
“Ya no se trata de regresar a su país de origen. Este es su hogar”, resume Patricia Campos-Medina, investigadora de la Universidad de Cornell, tras estudiar durante varios años a comunidades beneficiarias del TPS.
Más allá del debate jurídico y político, la posible salida de cientos de miles de trabajadores preocupa cada vez más al sector empresarial.
De acuerdo con investigadores de la Universidad de Pensilvania, cerca del 70 por ciento de los beneficiarios del TPS participa actualmente en el mercado laboral estadounidense, con una presencia especialmente alta en sectores como la construcción, el cuidado de adultos mayores, la hotelería, la agricultura y la atención médica.
Por ello, organizaciones tradicionalmente alejadas del debate migratorio, como la Cámara de Comercio de EE. UU., comenzaron a presionar al Congreso para que encontrara una solución.
En una carta enviada este mes al Senado, la organización advirtió que permitir la expiración masiva del TPS podría provocar una crisis humanitaria y generar graves disrupciones en la fuerza laboral estadounidense.
La preocupación no proviene únicamente del sector privado. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, calificó de “error” poner fin al TPS para los haitianos y advirtió sobre el impacto económico que tendría en su estado.
En el sur de Florida, donde reside la mayor comunidad haitiana del país, autoridades locales y empresarios realizaron esta semana una rueda de prensa conjunta para pedir al gobierno federal que reconsidere la decisión.
Pero más allá del destino de los haitianos, el verdadero alcance de la decisión apenas comienza a vislumbrarse. A ellos se sumarán pronto otras 700.000 personas que dependen del TPS para permanecer en el país y cuyas vidas están a punto de dar un vuelco radical.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington – @sergom68
