La Contraloría le entregó a la Corte Constitucional su radiografía sobre las finanzas del Estado para hacerle frente a las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, uno de los insumos que tendrá el alto tribunal en su examen de la emergencia económica decretada por el Gobierno.
El parte responde a varias de las preguntas que formuló la Corte en medio del estudio del Decreto 1261 de 2026, entre ellas una que será clave para determinar la suerte de la declaratoria: si el Gobierno contaba con mecanismos ordinarios suficientes para conseguir, trasladar y redireccionar recursos para atender el desastre o si, por el contrario, necesitaba acudir a los poderes extraordinarios de un estado de excepción.
La Contraloría señaló que, si bien el Estado sí tenía a su disposición instrumentos ordinarios para movilizar recursos, estos tenían restricciones fiscales y jurídicas que impedían asegurar una respuesta \”integral e inmediata\” a las necesidades extraordinarias generadas por el terremoto.
Uno de los principales obstáculos está en la rigidez del Presupuesto General de la Nación. Según las cifras citadas por la Contraloría, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estimó que cerca del 88 por ciento del gasto de 2026 es inflexible, es decir, corresponde a obligaciones cuya destinación tiene restricciones para ser redireccionada. Cerca de dos terceras partes de esas inflexibilidades, además, tienen origen constitucional o legal.
Eso no significa que las arcas estuvieran vacías. En funcionamiento había cerca de 136,4 billones de pesos por comprometer, mientras que en inversión la cifra rondaba los 27,03 billones de pesos.
Pero la Contraloría hizo una precisión importante: esos montos corresponden a apropiaciones que todavía no habían sido comprometidas y no a una bolsa de dinero de libre disposición que el Gobierno pudiera tomar inmediatamente para atender el terremoto.
Para saber cuánto podía utilizarse realmente había que revisar la destinación de cada recurso, las obligaciones existentes y las restricciones legales y contractuales.
La UNGRD tenía poco margen
El panorama era particularmente estrecho en una de las entidades que está en primera línea de la atención del desastre: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La entidad contaba con un presupuesto cercano a 7,07 billones de pesos, pero para el 21 de agosto ya tenía comprometido el 99,8 por ciento. Para la Contraloría, ese nivel de ejecución reducía significativamente su capacidad para asumir nuevas necesidades con los recursos que originalmente le habían sido asignados.
En materia de ingresos, hasta julio, el recaudo neto en efectivo del Presupuesto General de la Nación ascendía a 332,13 billones de pesos, equivalentes al 60,3 por ciento de lo proyectado para todo el año.
La cifra tampoco significa, según el organismo de control, que esos recursos estuvieran automáticamente disponibles para la emergencia. Su utilización depende del origen de los ingresos, su destinación y las reglas fiscales y presupuestales que los cobijan.
En su respuesta a la Corte, la Contraloría también puso la lupa sobre recursos que habían sido destinados meses atrás para atender la emergencia económica decretada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro para atender los estragos de la ola invernal en ocho departamentos y que adicionó 8,68 billones de pesos al Presupuesto.
De esa bolsa, al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) le fueron asignados 408.560 millones de pesos, distribuidos en tres programas: 327.920 millones para Renta Ciudadana-Línea de Emergencia; 50.000 millones para Economía Popular y 30.640 millones para Hambre Cero.
Sin embargo, con corte al 31 de julio apenas se habían obligado y pagado 15.122 millones de pesos, todos correspondientes a Renta Ciudadana. Eso equivale a una ejecución del 3,7 por ciento de los recursos asignados al DPS producto de la emergencia. Economía Popular y Hambre Cero, por su parte, seguían con una ejecución del cero por ciento.
Las opciones para conseguir más plata
La Contraloría también enumeró algunas de las alternativas que tendría el Ejecutivo, al amparo de las facultades extraordinarias, para financiar la atención y reconstrucción de las zonas golpeadas.
Entre ellas mencionó la posibilidad de emitir TES especiales o acudir a préstamos de la banca multilateral. También señaló que, a junio, el Sistema General de Regalías tenía 40 billones de pesos en la Tesorería Nacional, mientras que el Fonpet registraba 21 billones, recursos que podrían ser utilizados mediante préstamos transitorios en los términos planteados en el decreto.
Otra vía serían medidas tributarias transitorias. El documento plantea, entre las opciones, aumentar temporalmente el impuesto al patrimonio —excluyendo las zonas afectadas— o incrementar gravámenes al tabaco, las bebidas alcohólicas y los juegos de azar por internet.
El concepto también puso sobre la mesa interrogantes frente al Fondo Milagro, anunciado por el Gobierno para administrar recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción.
Según la Contraloría, todavía \”no es clara la naturaleza\” de este instrumento. El organismo señaló que no se ha definido si será un fondo cuenta sin personería jurídica, un fondo entidad o un patrimonio autónomo constituido mediante una fiducia mercantil.
Todos estos elementos entrarán ahora en el análisis de la Corte Constitucional, que deberá establecer si las dimensiones del terremoto y las limitaciones de las herramientas ordinarias justificaban que el Gobierno acudiera a una emergencia económica para obtener facultades extraordinarias o si podía enfrentar la crisis por las vías institucionales existentes.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
