Digno Palomino y ‘Negro Ober’, dos de los más peligrosos extorsionistas desde cárceles del país, conforman el paquete de nombres con los que se inauguraría el proyecto del presidente Abelardo De La Espriella de aislar a capos en altamar en buques adaptados como centros de reclusión.
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A ellos se sumarían perfiles de alta peligrosidad como alias Marihuano y ‘Carnal’, cabecillas de grupos ilegales en Santander; alias Robincito, hombre que desde prisión maneja los hilos de la delincuencia en el Magdalena; ‘Juanito’, quien tiene azotado al Meta; y ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’, responsables de la extorsión en el Tolima y mencionados por De la Espriella en su visita al departamento.
“A la delincuencia común que extorsiona desde las cárceles, como alias ‘Tinejo’, recluido en la cárcel de Valledupar, quien se dedica a extorsionar a comerciantes y empresarios del Tolima, y a ‘Cabeza de Hacha’ y ‘Chucho Rayo’, recluidos en la cárcel de Cómbita, los vamos a trasladar a un lugar donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan cometiendo fechorías”, dijo hace semanas el presidente De la Espriella durante un encuentro con la gobernadora Adriana Matiz.
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Los nombres de estos cabecillas quedaron consignados en un borrador que le compartió el Inpec al Gobierno en los últimos días, antes del consejo de seguridad en Barranquilla. Este será evaluado para definir quiénes serán los primeros capos que harán parte de la estrategia para garantizar el completo control sobre varios de los perfiles más peligrosos del país que, a pesar de estar tras las rejas, siguen controlando poderosas estructuras criminales.
EL TIEMPO conoció en exclusiva que para lograr aislar a estos capos del crimen se acudirá a los llamados buques cárcel, una estrategia que será liderada por la Dirección General Marítima (Dimar), por encargo del Ministerio de Defensa, y que buscaría replicar el modelo que fue utilizado hace casi 20 años para aislar a dos de los principales jefes de grupos ilegales de la época: Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe del bloque Central Bolívar, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.
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En 2007, cuando los jefes paramilitares comenzaban a incumplir el acuerdo de paz de Ralito y a reorganizarse en nuevas bandas criminales, y mientras avanzaba su proceso de extradición a Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe decidió sacar a ‘Macaco’ de la cárcel de Itagüí. En un operativo de seguridad fue trasladado a una fragata de la Armada en el Caribe.
La misma estrategia se aplicó con ‘Don Diego’, capturado en septiembre de ese año, quien terminó recluido en un buque en el Pacífico. El objetivo del gobierno Uribe era romper el control que ambos capos mantenían sobre sus estructuras criminales pese a estar recluidos y bajo la custodia del Inpec.
Los datos del proyecto
Este diario conoció que ya está en marcha el proyecto, el cual se ha discutido con la nueva cúpula de la Fuerza Pública. “Estamos articulando esfuerzos y mirando cómo se puede hacer. La idea es darles más control a los presos. Será un hecho en unos meses”, señalaron fuentes que conocen el sistema penitenciario.
“Se avanzará también en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), que articulará las capacidades penitenciarias del Inpec con las de la Armada de Colombia”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que se anunció una serie de estrategias para contener el crimen en Barranquilla y su área metropolitana.
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El propósito es “tenerlos aislados de todo: comunicaciones y nexos con sus estructuras”, explicó otra de las fuentes consultadas.
En documentos borradores en poder del Gobierno y conocidos por este diario también se señala que los buques estarían en el Caribe, cerca de Cartagena, y en el Pacífico, en aguas cercanas al puerto de Buenaventura. La vigilancia estaría a cargo del Inpec, y los sistemas inhibidores de las embarcaciones, para reforzar la desconexión de comunicaciones, estarán a cargo de la Policía.
Los desafíos de la estrategia
Sin embargo, la aplicación de esta medida podría abrir un nuevo frente jurídico. Los equipos de abogados de los capos podrían acudir a recursos para cuestionar los traslados y alegar derechos relacionados con el arraigo familiar, la resocialización y las visitas.
Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que el Gobierno está dispuesto a asumir esa discusión jurídica para impedir que los privados de la libertad mantengan el control de sus organizaciones desde las cárceles.
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Frente a esos retos, Luis Fernando Trejo, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, señaló: “Lo que no está claro es que esto pueda materializarse, en la medida en que podría ser interpretado como una especie de castigo cruel e inhumano, prohibido por la Constitución y que violaría los derechos de los detenidos”.
Para el jurista Mauricio Pava, el concepto de aislamiento en el sistema carcelario es permitido. “La detención en buques, que responde a ese concepto, se puede dar en ciertas condiciones en las que se garantice un trato digno y que se hará en aguas nacionales. Se requiere evaluar el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y que se garantice el derecho a la defensa. De hecho, tuve un colega que fue a interrogar a ‘Macaco’ hace años y la logística se hizo por Cartagena”.
Por otro lado, la iniciativa —que hace parte de una serie de medidas encaminadas a enfrentar los principales delitos que mantienen en crisis de seguridad a varias ciudades capitales del país— enfrenta otros retos a nivel logístico. Almirantes en retiro consultados por este diario indicaron que la propuesta no es descabellada, pero tomaría algo de tiempo para concertarse debido a que la Armada en la actualidad no cuenta con una embarcación de estas características, por lo que habría que habilitar un buque o fragata como centro de reclusión.
“Se tendría que adecuar con cámaras, camas literas y demás tecnología que permita tener a privados de la libertad en espacios como estos”, dijo uno de los consultados, quien añadió que para eso se necesitarían recursos adicionales para el sector de defensa.
Este diario también conoció que esta estrategia, la de los buques cárcel, se comentó entre integrantes de la Fuerza Pública en el gobierno anterior, pero no se logró concretar.
El antecedente de los EE. UU.
El uso de embarcaciones como espacios de reclusión tiene antecedentes recientes en Estados Unidos. En Nueva York funcionó el Vernon C. Bain Correctional Center, una barcaza acondicionada como centro penitenciario con capacidad para 800 personas y operada por el Departamento de Corrección de la ciudad.
La embarcación permaneció en servicio como parte del sistema carcelario de Nueva York hasta que fue retirada en 2023. En el Reino Unido apareció en años recientes otro modelo de alojamiento sobre una embarcación, aunque con una finalidad distinta.
El Bibby Stockholm fue utilizado por el Gobierno británico para alojar a solicitantes de asilo mientras avanzaban sus procesos migratorios. El barco, ubicado en Portland, Dorset, tenía capacidad para alrededor de 500 personas y contaba con medidas de seguridad permanentes. La operación terminó en enero de 2025.
Redacción Justicia
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