Horas antes de la posesión de Abelardo De La Espriella, el Inpec comenzó a trabajar en la primera orden que dio el nuevo gobierno. Los capos que participaron el año pasado en el polémico ‘tarimazo’ con Gustavo Petro en Medellín empezaron a ser trasladados de cárceles como muestra de los cambios que se vienen en el sistema penitenciario, permeado con beneficios por la política de ‘paz total’ de la pasada administración.
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La operación para mover a cabecillas de alto calibre que durante meses estuvieron negociando la paz urbana con Gustavo Petro desde la cárcel de Itagüí , se extendió por otras prisiones de máxima seguridad. Según fuentes oficiales, se ordenó el traslado de cerca de 100 presos en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y Cómbita.
En el listado está incluida Daneidy Barrera o ‘Epa Colombia’, removida a La Picaleña de Ibagué por los privilegios que tenía en Carabineros de la Policía. EL TIEMPO conoció que la orden de los traslados se cocinó después del empalme entre gobiernos, y hace parte de una serie de medidas que el viernes empezó a revelar De La Espriella.
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Desde el cantón militar Pichincha, el Presidente ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía enfrentar con todo el peso de la ley a las estructuras criminales. Su mensaje plantea un cierre de la ‘paz total’, que derivará en cambiar la forma como el Ejecutivo abordará a los grupos criminales.
A la par, De La Espriella aseguró que trabaja en un listado de grupos ilegales que les permitirá a las fuerzas adelantar lo que denominó un “combate frontal” contra el crimen. “En las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está agotada; el Estado fue suficientemente noble y cómplice. En la era del Tigre será contundente y certero contra el crimen”, afirmó.
La decisión también abre la puerta a una mayor intensidad de las operaciones militares contra campamentos, corredores de movilidad, zonas de influencia y estructuras de mando de los grupos armados.
Dentro de ese escenario aparece el uso de capacidades aéreas y la posibilidad de incrementar los bombardeos contra objetivos que cumplan con los criterios legales para estas acciones. El Presidente además afirmó que en su mandato no habrá gabelas para los delincuentes. A diferencia de Petro, que se sentó a negociar con varias estructuras, De La Espriella indicó que la vía será el sometimiento.
“Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, señaló.
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Seguridad y drogas
El primer mandatario también anunció que se retoma la fumigación aérea de narcocultivos con herbicidas de última generación que no traen daños en las comunidades. “La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, dijo desde el cantón.
Según su diagnóstico, la coca —se debe hacer la salvedad de que hay comunidades que usan la hoja de manera legal— ha traído “muerte, corrupción y destrucción”, y además se ha convertido en el combustible de criminales para generar zozobra en el país.
Otro de los anuncios estuvo en la ofensiva que prepara para acabar con la inseguridad. Haciendo referencia a la política que implementó en su momento Álvaro Uribe, el presidente De La Espriella aseguró que trabajará desde todos los frentes para que la ciudadanía se sienta segura.
“Recuperar la seguridad significa devolverle la tranquilidad al ciudadano que todos los días enfrenta el miedo; que el trabajador honrado no tenga que entregar el fruto de su esfuerzo al delincuente que lo extorsiona, y que la mujer trabajadora pueda utilizar el transporte público sin temor a ser víctima del delito”, sostuvo.
La fórmula que utilizará su administración para lograr dichos objetivos es el respaldo a la Fuerza Pública, la presencia estatal en el territorio y operaciones contra la criminalidad.
Carlos López y Jesús Blanquicet – @JusticiaET
