Jorge Eliécer Laverde Vargas, el nuevo contralor general de la República, es un hombre que viene de muy abajo. Es dicharachero, afable, reconocido por sus cercanos como buen amigo, leal, solidario y generoso. También como un hombre disciplinado, estudioso, dedicado y que jamás se rinde ante los retos que se ha puesto en la vida.
Laverde viene de una familia que transitó como muchas en
Colombia: desde la humildad y las necesidades hacia el crecimiento a punta de
trabajo y dedicación de una madre que se esforzó al máximo por sacarlo
adelante, una entrega que no desaprovechó para estudiar y destacarse. La
academia, de hecho, ha sido una constante en su vida.
Es por ello que su hoja de vida fue una de las mejores
calificadas en el camino hacia la Contraloría: es doctor en Derecho, está
terminando un posdoctorado, tiene un magíster en Gobierno del Territorio y
Gestión Pública, un MBA en Administración de Negocios, dos maestrías en
materias del derecho y del sector público, seis especializaciones enfocadas en
su mayoría en el derecho constitucional y legislativo, entre otros. Ha escrito varios
libros, columnas y ha tenido experiencia como docente e investigador en el
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios y la Escuela Superior de
Administración Pública (Esap).
Comenzó su carrera pública como concejal en su municipio
natal, La Dorada, luego pasó a la Asamblea Departamental de Caldas, corporación
en la que asumió la presidencia. Es reconocido miembro del Partido Liberal con
una amplia habilidad política, la cual le permitió articular una contundente
mayoría en el Congreso que lo llevó a la máxima silla en la Contraloría
General.
Laverde habló con EL TIEMPO y contó lo que espera lograr
durante su gestión hasta el 2030:
Fue una votación importante, abultada y casi unánime la que acompañó su designación como Contralor en el Congreso. ¿Cómo lee esto, a qué cree que se debe este apoyo vigoroso de los partidos?
Esta votación no es un cheque en blanco, sino un mandato de
confianza institucional y de responsabilidad técnica. El Congreso de la
República comprendió que la Contraloría General necesita un perfil con
independencia, solidez académica y un profundo conocimiento del derecho
constitucional y del control fiscal. Este respaldo transversal refleja el
consenso de las distintas fuerzas políticas sobre la urgencia de fortalecer la
vigilancia de los recursos públicos mediante un diálogo técnico, alejado de las
polarizaciones políticas y enfocado estrictamente en la protección del
patrimonio de los colombianos.
¿Qué rescata del trabajo que ya se viene haciendo en la Contraloría?
Rescato el avance sustancial en el modelo de control
concomitante y preventivo a partir del Acto Legislativo 04 de 2019, así como la
capacidad analítica desarrollada por la Dirección de Información, Análisis y
Reacción Inmediata (Diari). La Contraloría ha dejado de ser únicamente un
auditor posterior que llega a certificar la pérdida del recurso; hoy cuenta con
infraestructura técnica capaz de encender alertas tempranas. Mi compromiso es
consolidar esa capacidad técnica, potenciando el capital humano de carrera de
la entidad. Es urgente apropiar un modelo de trabajo preventivo, con alertas
tempranas, que cuide los recursos a tiempo y no cuando ya se han ocasionado los
detrimentos.
¿Cuáles son los focos principales de su gestión al frente de la entidad? ¿Qué va a cambiar, revolucionar, ajustar?
La columna vertebral de mi gestión tendrá tres pilares
fundamentales. El primero es la soberanía y eficiencia fiscal, un modelo de
trabajo que estará orientado a la modernización de los métodos de auditoría
hacia el desempeño y control preventivo en tiempo real sobre los macroproyectos
de infraestructura y gasto social. El segundo pilar será la visión de cero
impunidad fiscal, la cual lograremos con la agilización de los procesos de
responsabilidad fiscal (PRF) para evitar la prescripción de los términos y
lograr el resarcimiento efectivo del daño patrimonial en cada caso auditado. Y,
finalmente, tenemos que ir hacia la descentralización del control, basados en
un fortalecimiento de las gerencias departamentales para articular un control
territorial efectivo sobre el Sistema General de Participaciones (SGP) y las
regalías.
¿De qué manera integrará IA y herramientas de big data en la Contraloría?
Transformaremos la Diari en un centro de analítica
predictiva de datos públicos. Mediante la integración de modelos de
inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning) sobre el
Secop, el SIA Observa y las bases de datos de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian), automatizaremos el cruce de información para detectar
patrones atípicos de contratación que nos visibilicen eventuales ‘carruseles’
de licitadores, mallas societarias sospechosas, sobrecostos sistemáticos y
concentración de contratos en tiempo real, operando antes de que el pago se
ejecute, de la mano de la tecnología, la cual será mi bandera y mi principal
herramienta de trabajo.
¿Qué debe mejorar con urgencia la Contraloría General de la República?
Debemos mejorar la velocidad y la efectividad en el cobro
coactivo. De nada sirve consolidar un fallo en firme de responsabilidad fiscal
si el recaudo efectivo del dinero perdido es marginal. Necesitamos que la
entidad logre aplicar medidas cautelares oportunas, rastreo trasnacional de
activos e interconexión directa con la Superfinanciera y las oficinas de registro
para embargar y recuperar de manera inmediata el patrimonio defraudado al
Estado. Es lo que la ciudadanía espera de su entidad de control fiscal.
Cuando usted habló de cooperación internacional para mejorar la Contraloría, ¿a qué se refiere específicamente?
Eso hace alusión principalmente a dos ejes estratégicos. El
primero es consolidar un modelo de rastreo de activos transfronterizos a partir
de alianzas operativas con la Red Global de Autoridades Encargadas de la
Aplicación de la Ley contra la Corrupción (GlobE Network), la Interpol y
agencias internacionales para rastrear giros a paraísos fiscales y bienes
ocultos en el exterior. De otro lado, me enfocaré en potenciar las capacidades
de acreditación e intercambio técnico de la entidad con la implementación de
los estándares internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores
(Intosai) e intercambio de capacidades y auditorías concurrentes con bancas
multilaterales (BID, Banco Mundial) sobre créditos contratados por la Nación.
¿Cómo lograr que los hallazgos penales y disciplinarios que la Contraloría logra determinar tengan efectos en los procesos de otros órganos de control?
Debemos romper la duplicidad de esfuerzos e ineficiencia
mediante la interoperabilidad probatoria en el marco de la Comisión Nacional de
Moralización. Uno de mis principales objetivos es impulsar un protocolo
unificado donde los hallazgos de la Contraloría sirvan como elemento material
probatorio estandarizado para que la Fiscalía General de la Nación pueda abrir
investigaciones penales de manera inmediata y la Procuraduría avance en los
procesos disciplinarios. De este modo garantizaremos que el expediente fiscal
sirva de prueba trasladada directa y vinculante, y se acelere la capacidad de
la justicia para contener a los corruptos.
Colombia hoy no tiene cupo de endeudamiento y tiene una presión fiscal enorme, sumado al pago de TES B urgente. ¿Qué le recomienda al nuevo gobierno?
Es evidente que se debe priorizar la consolidación fiscal.
Desde mi óptica es urgente concentrarse en la calidad y la prioridad del gasto
público. Es decir, aplicar una regla de austeridad inteligente que permita
rápidamente reducir los costos de funcionamiento no esencial para poder
reencauzar los recursos hacia la inversión prioritaria en proyectos con alta
tasa de retorno económico e impacto social. Lo otro que considero relevante es
reprogramar de manera ordenada la deuda del Estado, con la idea de consolidar
operaciones de manejo de deuda pública para extender el perfil de vencimientos
de los TES B sin deteriorar la calificación crediticia del país, algo que es
prioritario cuidar en el mediano plazo. Y, finalmente, hay que luchar de manera
frontal contra la evasión y el contrabando. Contener en ese flanco las brechas
de evasión les permitirá a las arcas de la Nación elevar el recaudo en vez de
recurrir al incremento de cargas impositivas directas que al final asfixian la
inversión productiva.
El gobierno pasado privilegió bajar la deuda externa y subir la interna (a casi 900 billones). ¿Qué camino debería seguir el nuevo gobierno?
El nuevo gobierno debe buscar un equilibrio sostenible en la
estructura del portafolio de deuda pública. Considero que apoyarse de forma
masiva en la deuda interna presiona las tasas de interés locales, encarece el
crédito para el sector privado y satura la capacidad del sistema financiero
nacional. La estrategia macroeconómica que veo más pertinente debería basarse
en un nuevo balance entre emisión interna y crédito multilateral, externo, a
plazos extendidos y tasas competitivas, sin descuidar la profundización del
mercado de capitales local para diversificar tenedores de deuda; y sin duda
volver al cumplimiento estricto de la regla fiscal para enviar señales claras
de sostenibilidad que reduzcan la prima de riesgo país.
¿Hará seguimiento a los recursos invertidos para afrontar la emergencia por el terremoto?
Sin duda alguna. El control fiscal en estas situaciones de
excepción o emergencia de desastres deba ser implacable y será mi compromiso.
La declaración de emergencia es muy útil para que el Ejecutivo y las entidades
de atención de desastres, los mandatarios locales, puedan flexibilizar su
sistema de contratación en aras de la tragedia, pero hay que recordar que no
elimina los principios de transparencia y economía. Dispondré una Unidad
Especial de Auditoría y Seguimiento Preventivo en las zonas impactadas por el
sismo para auditar cada peso destinado a la atención humanitaria,
reconstrucción de infraestructura y subsidios de vivienda, garantizando que los
recursos lleguen a los damnificados y no a la contratación desviada.
REDACCIÓN JUSTICIA
